Edición 472
19/02/2006

Tema de la Semana

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La Iglesia sí habla de política
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La realidad exige responsabilidad

«Dotado de racionalidad, el hombre es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida, en el plano individual y social»
(CDSI, P. 213)

La Iglesia, pues, respondiendo a su tarea de atender al hombre en su realidad integral, específicamente en lo espiritual, no puede desatender sus necesidades humanas y sociales, ya que el hombre no sólo es espíritu, sino también cuerpo.
Así, en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI), elaborado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, los apartados que versan sobre el quehacer político brindan elementos precisos para reconocer que la Doctrina de Cristo no está reñida con la política, sino que la complementa y la lleva a una perfección, que hace de la justicia no sólo el hecho de dar a cada cual lo suyo, sino también una experiencia de fe.
«Dios interviene en la historia a través de hombres carismáticos», como atestigua el Libro de los Jueces. Éstos, refiere el CDSI, están llamados a defender a los débiles y asegurar al pueblo la justicia.
En tanto que en el apartado concerniente a los aspectos bíblicos del quehacer político de los gobernantes, la enseñanza de la Iglesia deja en claro que el gobernante debe pronunciar juicios justos, aborrecer la iniquidad y juzgar con justicia.

Obediencia razonada y coherente con el Evangelio

Sin lugar a dudas, Cristo rechaza «el poder opresivo y despótico de los jefes sobre las naciones y su pretensión de hacerse llamar ‘benefactores’, pero jamás rechaza directamente a las autoridades de su tiempo» (CDSI, p. 210). Lo anterior señala la necesidad de todo cristiano de responder al valor supremo de la obediencia razonada y hace un llamado a «la sumisión no pasiva», sino por razones de conciencia. San Pablo refiere las relaciones y los deberes de los cristianos hacia las autoridades, como lo es el deber cívico de pagar los tributos, todo en favor no sólo de legitimar el poder, sino de responder y procurar el bien de todos los hombres, de procurar el «bien común», el cual comprende el conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los hombres, a las familias y a los grupos, realizarse en forma completa.
«Se trata, entonces, de una obediencia libre y responsable a una autoridad que hace respetar la justicia, asegurando el bien común». (CDSI, p. 211).

Obligaciones de la autoridad política

Dios hizo a los hombres seres sociales por naturaleza, por lo que ninguna sociedad puede conservarse sin un dirigente, es decir, una autoridad política que dirija y mueva a todos hacia el «bien común».
San Pablo es puntual al señalar las obligaciones de los gobernantes, los cuales deben garantizar «una vida pacífica y tranquila, que transcurra con toda piedad y dignidad», y no debe, por ninguna causa, extralimitarse del orden querido por Dios, es decir, no debe auto-divinizarse ni reclamar absoluta sumisión, ya que como lo señala él mismo, «su significado auténtico y pleno, es de servicio». Un servicio encaminado al crecimiento humano integral y dentro del orden moral.
El aspecto moral debe ocupar un lugar privilegiado en el actuar cotidiano de los gobernantes, el cual exige «el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales». (CDSI, p. 227)
«El mensaje bíblico inspira incesantemente el pensamiento cristiano sobre el poder político, recordando que éste procede de Dios y es parte integrante del orden creado por Él. Este orden es percibido por las conciencias y se realiza, en la vida social, mediante la verdad, la justicia, la libertad y la solidaridad que procuran la paz» (CDSI, p. 212).


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