Especial

Marchas y plantones
El derecho a manifestarse

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• Cristina Elizabeth Díaz Morales

A pesar de las molestias que puedan provocar a la ciudadanía, las manifestaciones son un derecho de todos los mexicanos; aunque sólo quienes se sienten desesperados, apelan a este recurso

La desesperación por ser escuchados en sus demandas, o el cansancio por ser relegados, olvidados, o ignorados, son algunos de los factores que influyen para que ciudadanos o agrupaciones decidan manifestarse públicamente, a fin de poner ante miles de ojos sus necesidades, en busca de una solución.
En el Distrito Federal existe una iniciativa que busca regular las manifestaciones; sin embargo, resulta difícil pensar que esto se dará. Así lo consideró el investigador del Departamento de Estudios e Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Víctor Ramos Cortés.
A pesar de que esta iniciativa tiene mucho tiempo en el tintero, «es muy difícil que se reglamente, porque hay un problema jurídico muy serio: ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución, y las leyes secundarias acotan las libertades consignadas en nuestra Carta Magna».

Qué dice la Constitución Política de México

En el artículo 6º de la Constitución, claramente se lee: «La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado».
Para el investigador universitario, este artículo tiene muchas aristas, por ejemplo: La reglamentacion del derecho a la manifestación a las libres ideas, tendría que hacerse no solamente para las marchas, sino para todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación.
«El tema de la reglamentación de las marchas abre una caja de Pandora»; además, consideró que la inexistencia de una reglamentación de éstas, no es porque existan fundamentos jurídicos, sino por motivos de equilibrio político.

Correcto o incorrecto

A pesar de que la Ley dice que la manifestación debe llevarse a cabo sin afectar a terceros ni a la moral, es aquí en donde comienza lo grave del asunto, porque una manifestación pública tiene por objeto llamar la atención de la población sobre alguna o algunas de las demandas del sector o grupo que se manifiesta.
«Estamos en el filo de la navaja en una interpretación de este estilo, porque quienes salen a manifestarse, no con motivo de festejo sino para llevar a la escena pública sus demandas y problemas, ya sea de tipo salarial, laboral o de cualquier otra índole, justamente va a ser para llamar la atención, de alguna manera, poniéndose en el filo de la problemática social, porque de otra manera la propia autoridad se desentendería del asunto», explicó.
Ramos Cortés precisó que, por un lado, se molesta a los ciudadanos, pero también para los manifestantes es importante su acción, porque ellos han sido molestados con anterioridad cuando la autoridad no los toma en cuenta.

Cuestión de derecho

Obviamente, las marchas son legales, porque forman parte de la libre manifestación de las ideas, y al protestar por algo se tiene todo el derecho.
A pesar de que se afecta a terceros, se debe cuestionar no tanto el problema de índole jurídica, sino el problema político; así, lo deseable es que no hubiera marchas, pero si las hay se debe a dos razones fundamentales: Porque hay un problema que no se ha resuelto o porque hay agitadores que se aprovechan del escollo; aunque a menudo se dan por la combinación de ambas.
Para el investigador universitario, lo que se requiere entonces es capacidad política para resolver este problema antes de que salga a la calle, subsanando las demandas de quienes recurren a este recurso que ampara la Constitución.

Pérdidas millonarias 

A pesar de que en Jalisco las marchas no se han convertido en un problema grave, en los primeros seis meses del año en el Distrito Federal, a causa de estas manifestaciones y bloqueos, se han dejado de generar mil 500 millones de dólares, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Gerardo Trejo, presidente de Coparmex-DF, explicó que, con base en los datos que ofrecieron los prestadores de servicios y empresarios durante el plantón en Paseo de la Reforma el año pasado, se pudo hacer dicha estimación.
Hay una afectación no nada más a los comercios o negocios de la zona, sino a todo alrededor; no es sólo la pérdida para las empresas, sino también lo que se deja de generar de riqueza.
«Cuando va a haber manifestaciones o bloqueos, la autoridad lo anuncia en los medios y la gente deja de salir a consumir, no salen a producir o no salen a trabajar, salvo aquél al que no le queda de otra», explicó.
Según la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del DF, además de la paralización productiva, por cada día con marchas se pierden al menos 80 millones de pesos y un millón 36 mil horas hombre.
De enero a junio se han registrado 220 bloqueos y 185 marchas en la capital del País, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Gobierno del DF.

Se deben regular

Para Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las marchas pueden y deben ser reguladas en el DF, tal y como ha sucedido en otros países en los que se tienen sistemas democráticos muy consolidados.
Asegura que la regulación de las marchas, si está bien hecha, no afecta en lo más mínimo el derecho a manifestarse, sino que lo hace compatible con el ejercicio de otros derechos que pueden ser afectados por una marcha, como por ejemplo la libertad de tránsito.

Manifestación con orden

La regulación de las marchas podría servir como un instrumento de protección de los propios marchistas. Por ejemplo, si la regulación dispone que cualquier marcha tendrá que ser comunicada a la Secretaría de Seguridad Pública del DF con cierto tiempo de anticipación, entonces los cuerpos policiacos podrían montar operativos tendientes a proteger a los manifestantes, de tal forma que no se pudieran filtrar «reventadores» o provocadores en la marcha.
La presencia policiaca podría servir también como un elemento disuasorio frente a la posible comisión de actos vandálicos por parte de los manifestantes.
En una sociedad democrática, el ejercicio de los derechos fundamentales no puede llevarse a cabo de tal manera que termine vulnerando los derechos de otras personas.
La sabiduría popular acierta cuando señala que «el derecho de una persona llega hasta donde empieza el derecho de otra». Los derechos fundamentales deben poder convivir en el espacio público de la forma más armónica que sea posible.