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Editorial
La ‘indefinible’ laicidad
Una de las cuestiones que más se han discutido últimamente, ha sido el concepto de laicidad. Con lo que está sucediendo, dicen algunos, se está violentando el Estado laico. Un argumento, en sí mismo, muy rentable, aunque no se emitan juicios razonables, y aunque no todos estén de acuerdo en su definición y, menos aún, en su aplicación, sobre todo en México, país altamente incipiente y todavía ‘gateando’ en los derroteros de la democracia.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (Compendio) aborda este tema, en el capítulo 12, al hablar de la acción pastoral en el ámbito social, en el inciso que lleva como título ‘El servicio a la política’. Habla del compromiso de los católicos en la vida pública, en la que, “con frecuencia, se pone en relación con la laicidad, es decir, la distinción entre la esfera política y la esfera religiosa (Concilio Vaticano II, “Gozos y esperanzas”, 76)” (n. 571).
De hecho, esta distinción “es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia, que pertenece al patrimonio de civilización alcanzado”, según leemos en una Nota Doctrinal que habla sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública, elaborada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, no es posible una laicidad entendida como autonomía absoluta de cualquier cuestión religiosa, porque la Declaración de Helsinki, desde 1964, señala la libertad religiosa como un derecho humano, por lo tanto, que pertenece también al ámbito público, porque puede ser expresado libremente por el hombre. Así como la libertad de expresión y la libertad de opinión y pensar diferente, tienen su espacio, ¿por qué la libertad religiosa no puede, en México (porque sólo en este País sucede), tener sus manifestaciones públicas?
A Guadalajara le ha costado más trabajo vivir una sana diferencia entre laicismo y religiosidad, sin que esta separación tenga que ser necesariamente antagónica y conflictiva. Será porque algunos católicos sólo creemos dentro del templo, y porque los que no creen quisieran que no hubiera quiézn manifestara sus convicciones religiosas en público. No nos referimos a las autoridades en su ejercicio, sino al común de cristianos.
“En efecto –dice la misma Nota Doctrinal mencionada-, la “laicidad” indica, en primer lugar, la actitud de quien respeta las verdades que emanan del conocimiento natural sobre el hombre que vive en sociedad, aunque tales verdades sean enseñadas al mismo tiempo por una religión específica”. Juan Pablo II señaló que “el principio de laicidad conlleva el respeto de cualquier confesión religiosa, donde se asegure el libre ejercicio de las actividades del culto, espirituales, culturales y caritativas de las comunidades de creyentes. En una sociedad pluralista, la laicidad es un lugar de comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la Nación” (Discurso al Cuerpo Diplomático. 12 de enero de 2004).
El Compendio señala, al respecto, que “por desgracia, todavía permanecen, también en las sociedades democráticas, expresiones de un laicismo intolerante, que obstaculizan todo tipo de relevancia política y cultural de la fe, buscando descalificar el compromiso social y político de los cristianos”. Para la Iglesia, siguiendo estas enseñanzas, es fundamental que todas las acciones que emprendan los creyentes tiendan a fortalecer el bien común (léase solidaridad, subsidiariedad y promoción del ser humano). Si el proyecto va en este sentido, se debe defender. Si no, hay que señalar argumentos válidos que lo cuestionen, pero razonables, no viscerales.