Actualidades

El apoyo gubernamental para el Santuario de los Mártires
Una propuesta para entender los acontecimientos

---

• Pbro. Armando González Escoto

A fines de la primera semana de Pascua, se hizo pública la noticia de que el Poder Ejecutivo del gobierno estatal, por medio de su titular, otorgaba un donativo de 90 millones de pesos para la construcción del complejo denominado Santuario de los Mártires de Cristo, obra que lleva a cabo la Arquidiócesis de Guadalajara a través de una asociación civil de laicos.

Entendemos que en una sociedad plural, como la nuestra, tal noticia generó todo tipo de reacciones, siendo muy agresivas y radicales las emanadas de los opositores al donativo. Los argumentos más frecuentes han sido que ese apoyo económico va contra el carácter laico del Estado, y que, en todo caso, existen urgencias mayores qué atender en Jalisco.

Sobre el carácter laico del Estado, habría que recordar que el asunto nunca ha sido resuelto en la teoría ni en la práctica. En el manejo habitual, la laicidad se ha entendido estrictamente como lo no‑religioso, y muestra desde luego un prejuicio ideológico contra las creencias religiosas, las cuales –dicen– son asunto de la conciencia personal y privada. Por lo mismo, dar dinero público a favor de una religión no es tarea de un Estado laico, y lesionaría el derecho posible de otras religiones a recibir también apoyos de este género.

Que interpretar así la laicidad sea un prejuicio anacrónico, se entiende si aplicamos el mismo asunto al dinero público que, en cantidades supermillonarias, el Estado otorga a los partidos políticos, considerando que la adhesión a éste o a aquel partido es cuestión también de creencias, y que en última instancia los seguidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) deben aceptar que parte de sus impuestos se otorgue al Partido de la Revolución Democrática (PRD), a Acción Nacional (PAN) o a cualquier otro partido, aun si tales contribuyentes no creen ni aceptan los postulados de esos institutos. Resulta, entonces, que tener distintos credos religiosos es asunto privado, ajeno a la laicidad, pero tener distintos credos partidistas es asunto público que no afecta a dicha laicidad.

Conviene en este punto recordar que los contribuyentes tienen todo el derecho de decidir lo que se hace con sus impuestos, ya que, efectivamente, el dinero público no es propiedad del gobernante en turno; las leyes, por lo mismo, han establecido que las aportaciones otorgadas por el Estado a los diversos credos políticos (alias ‘partidos’) se determinen según el número de sufragios que la sociedad emite a favor de éstos. Si esta misma ley no se aplica para apoyar los credos religiosos, se debe única y exclusivamente a prejuicios históricos y a la permanente traición o ignorancia de lo que es una auténtica democracia. La sociedad, entonces, tendría que intervenir para zanjar un asunto tan constante y delicado como éste, no con manifestaciones carnavaleras o competencia de quejas, sino desde un debate serio, objetivo, imparcial y, sobre todo, democrático.

El debate tendrá que incluir una discusión sobre los conceptos de ‘público’ y ‘privado’, y establecer desde qué punto de vista se puede afirmar en una supuesta democracia que el cultivo de valores específicamente religiosos no contribuye al bien común, la salud pública, el compromiso social, la cultura y muchos otros bienes más. Esto incluiría una discusión sobre los perfiles que las organizaciones religiosas deben garantizar, para que su acción redunde efectivamente en beneficio social y público.

Podrá decirse que, con frecuencia, la diversidad de las posturas religiosas ha generado conflictos sociales y aun guerras, lo cual es cierto; pero no más de las que ha generado la diversidad de ideologías políticas, de intereses económicos, e incluso, en nuestros días, de aficiones deportivas, sin que por ello el Estado haya dejado de apoyar a los partidos, a las empresas y los deportes, o haya pretendido imponer un único punto de vista, lo cual sí lesionaría el carácter laico del Estado, cuya esencia radica en no favorecer exclusiva y dolosamente una determinada creencia, sea religiosa, política, filosófica, etcétera.

Pero es obvio que el ataque al Estado laico no ha venido tanto de las instancias religiosas cuanto de las civiles. ¿Es honesto que con dinero público, que proviene en su mayoría de los católicos, personas e instituciones que lo reciben, se dediquen a atacar a esta religión? ¿Respetan el Estado laico los muchos profesores del sistema público que usan sus espacios de clase para hablar no de su materia, sino para denigrar el catolicismo? En esta línea, resulta de lo más inaudito que, durante una marcha en defensa de la laicidad del Estado, se incurra en burlas, ataques y comedias denigrantes contra los líderes de la Iglesia; conducta que habla muy bien de lo muy mal que estos manifestantes entienden la laicidad.

Desde luego que la lista de urgencias en Jalisco es enorme; en principio, se supone que el Estado apuesta, más que a una especie de asistencialismo, a inversiones que generen fuentes de trabajo, camino insustituible del progreso; por otra parte, también es verdad que si quisiéramos aplicar el dinero público sólo a la solución de los problemas sociales más acuciantes, el resto de la vida estatal se paralizaría. Fue el tema de la Universidad de Guadalajara, a la cual continuamente se atacó por hacer inversiones millonarias, con dinero público, a favor de obras como el Teatro Diana o el Auditorio Telmex, en lugar de invertir en aulas, como si este tipo de obras no contribuyera a la educación y el bien social, tanto como los salones de clase. Suponemos también que existe una distribución de los recursos proporcional, a fin de que haya, al menos un poco, para todo.

Sea del caso lo que fuera, el asunto es que la polémica del donativo dio ocasión para que se manifestara la fuerza que las minorías adquieren cuando son arropadas por determinados medios de comunicación, en ese antidemocrático afán de querer imponer su voluntad sobre las mayorías, como tantas veces ha sucedido en México. Claro que la democracia tampoco consiste en «mayoritear» a las minorías, sino en el respeto a los derechos que todos tenemos, por más que, en asuntos públicos, el recurso legítimo siga siendo la mayoría de votos.

Muestra igualmente, y una vez más, los vacíos jurídicos que tenemos, y la urgencia de establecer caminos específicos que nos lleven a una democracia más actualizada y efectiva.

La polémica también nos ha permitido observar la idiosincrasia populista de no pocos conciudadanos, e incluso la ignorancia somera de personas de las cuales se esperaba una opinión más fundada; por ejemplo, la persistente confusión de diversos comentaristas en periódicos o radioemisoras, entre lo que fue un mártir durante la persecución religiosa del presidente Calles, y lo que fue un cristero, hablando entonces dolosamente de «mártires cristeros». Se insiste tanto en este prejuicio, que acaba uno pensando que se trata de un malentendido intencional con el cual se pretende confundir a la opinión pública, enfrentar a la Iglesia con el Estado y hasta revivir añejos conflictos que no dejaron nada bueno para el País.

Por su parte, la comunidad católica ha mantenido una postura reservada, prevaleciendo por encima de todas las posibles opiniones la postura de la Diócesis, en la línea de aguardar a que los juristas establezcan si el donativo es o no legal, para entonces usarlo o devolverlo.