La Azucena, inundada
de irregularidades
Se ha venido dando a conocer la serie de irregularidades, una tras otra, que se fueron permitiendo en la construcción de los inundados fraccionamientos de La Azucena y Jardines del Castillo, en El Salto; principalmente del primero.
Se construyeron zonas habitacionales donde no se debió levantar ni un ladrillo. Una serie de complicidades o, por lo menos, faltas por omisión, han tenido como consecuencia lo que los habitantes de estas colonias han debido sufrir. Todos los niveles de gobierno están involucrados en las causas de esta irresponsabilidad. La Comisión Nacional del Agua se limitó a señalar a la empresa constructora Grupo Desarrollador Inmobiliario Mexicano, desde mayo de 2001, que su propuesta de construcción se situaba cerca de dos cauces, el del Río Santiago y el del Arroyo Prieto, pero no hablaba de ninguna prohibición. Las indicaciones que daba sobre los límites en los que deberían levantarse las edificaciones no fueron respetadas por los constructores. Nadie dijo nada.
Por otra parte, en mayo del año 2000 se publicó el Plan Parcial de Urbanización en La Azucena, en el periódico “El Estado de Jalisco”, sin que hubiera ninguna limitación a la edificación. Y a nivel municipal, El Salto dictaminó, en 1999, el uso de suelo como favorable a la Inmobiliaria; y en la siguiente administración priísta, fue liberado el permiso para que ésta realizara la construcción del fraccionamiento. ¿Qué hubo de por medio?
En sí mismo este evento ha sido desafortunado, y aunque no ha habido pérdidas humanas qué lamentar, debemos pensar en tantas otras cosas que se habrán permitido, y que todavía no aparecen, y en tantas otras que seguirán permitiéndose, en lo que a la autorización de permisos de construcción de fraccionamientos se refiere, no sólo por las zonas irregulares donde se construyen, sino porque se levantan en lugares donde ya no va a ser posible prestarles los servicios públicos necesarios, o por incapacidad (no saben qué hacer) o por impotencia (no alcanza la atención para todos los ciudadanos). ¿En cuántos municipios estará sucediendo lo mismo?
Existen situaciones en las que tanto a las autoridades como a la sociedad en general, parece que se nos han escapado de las manos y superan las fuerzas de ambas para combatirlas. Ponemos dos ejemplos: la violencia generalizada provocada por grupos poderosos de delincuentes, o el narcomenudeo. Pero hablar de permisos irregulares (e irresponsables) de construcción no puede escaparse del control de quienes deberían estar al pendiente de ello. En todos los que contribuyeron a esta situación hay corrupción.
Además, esto refleja lo que un comentarista apuntó, y que ahora reproducimos literalmente: “Falta de una gestión del desarrollo urbano, la incongruencia de los débiles instrumentos de planeación y control de la urbanización y la edificación, la impotencia real de los aparatos de control, supervisión y rectoría de la ordenación del territorio, la falta de consistencia entre las políticas de movilidad y las de desarrollo urbano, el desorden y la falta de coordinación entre los programas, presupuestos, proyectos y entidades competentes en materia de construcción de infraestructura, prestación de servicios y gestión del desarrollo urbano, y el triste predominio de los intereses inmobiliarios por encima de cualquier recato”.
Y ahora, que nadie resulte competente o responsable para solucionar esto o poner un alto, resulta inadmisible. ¿En dónde nos encontramos? ¿Cuántas cosas más, en este sentido, tendremos que ver y esperar que sucedan?
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