No, gracias. No quiero

Publicado en web el 4 de Marzo, 2010

El Senador Pablo Gómez Álvarez lanzó, la semana pasada, la iniciativa para modificar el Artículo 130º de la Constitución, con la intención de “restablecer los derechos de asociación política y de libertad de expresión de los sacerdotes de todos los cultos religiosos”. Su solicitud sorprendió a más de alguno.
No ha faltado quien quiera establecer un vínculo, que se convierta en conflicto, al relacionar esta petición con la aprobación de la reforma al Artícuo 40º de la misma Carta Magna, por parte de los Diputados, para definir a la República Mexicana como representativa, democrática, laica y federal. Ha sido turnada la propuesta al Senado. Sobre esta aprobación ya hemos hablado de su aberración. En realidad queremos un Estado laico, y ya estaba en la Ley, aunque quisieron que su descripción fuera tautológica y pleonástica. Pero de esto no queremos hablar ahora más.
Extraña que algunos comentaristas, incluso aquellos que se autodefinen como especialistas en temas religiosos, señalen que los Obispos mexicanos habrían advertido al PAN de las posibles consecuencias que tendría la aprobación de tal reforma, por lo que dicho partido no la pasaría fácilmente, e incluso podría influir para congelarla. Como si esto fuera preocupación para el Clero. Éste se ocupa de asuntos importantes para el país, además de que está sobreentendido que el Estado debe ser laico, pero no antirreligioso, como lo quieren ver esos comentaristas. Ojalá que los Diputados también se preocuparan por los temas sustanciales de México, y no por estas alegatas que sólo distraen y quitan el tiempo. Lo mismo quienes se autoproclaman especialistas en temas religiosos.
Sin embargo, lo que más extraña es la supina ignorancia de quien piensa que el Episcopado Mexicano quiere resucitar iniciativas para reformar el artículo 24º de la Constitución, que se refiere a la libertad de creencias y de culto. Y la asombrosa ignorancia aumenta cuando quiere suponerse que los Obispos desean eliminar la laicidad de la educación pública. La educación debe ser laica, pero los padres de familia tienen el derecho de pedir una formación complementaria, de acuerdo a sus creencias. Ellos son los que pagan la educación, ya sea vía impuestos o vía colegiaturas, o por los dos medios.
Pero no es todo, sino que los que se dicen especialistas señalan que los ministros de culto quisieran expresarse a favor o en contra de partidos y candidatos desde el púlpito. Nada más equivocado que esto. No figura dentro de las prioridades, urgencias o necesidades de los clérigos entrar en ese desgaste. Entre los candidatos habrá católicos en todos los partidos. Hablar en favor o en contra de alguno, genera inútil controversia. Si algún eclesiástico falla en este sentido, puede ser sancionado conforme a Derecho, e incluso recibe una corrección de su autoridad de la Iglesia. Pero, en realidad, no existe pendiente en este asunto.
Y en lo que se refiere a que los sacerdotes tengan derecho a ser elegidos a puestos públicos, el Senador Pablo Gómez retomó una idea del Partido Comunista en 1977, que decía que “los ministros de los diferentes cultos, en su calidad de ciudadanos, deben gozar del derecho de formar parte de cualquier partido político. “Por supuesto que esta idea es rechazada por la mayoría de los sectores políticos; pero que quede claro que la Iglesia no pretende este tipo de posibilidades. No obstante, los que pregonan ser especialistas, dicen que al Clero le interesan los partidos políticos. Pierden el tiempo estas consideraciones.
¿Qué acaso ignoran tales “peritos” que la Ley de la Iglesia -el Derecho Canónico- prohíbe estas afiliaciones para sus sacerdotes? Ningún presbítero puede ser elegido a puesto popular. Aún más, lo verdaderamente importante es que los clérigos no quieren este tipo de “distinciones”. Afiliarse a algún partido es ser signo de división entre los fieles, porque ellos forman parte o tienen simpatías por diversos institutos políticos. Además, el servicio que deben prestar es diferente, en forma y en fondo, al que presta una autoridad civil. Así que no se confundan ni se inquieten los analistas especializados; muchas gracias, pero los curas no quieren ser candidatos.

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