LA INJUSTICIA SE RECARGA EN LOS DESVALIDOS

Publicado en web el 26 de Agosto, 2010

Muy estimados lectores:

Las Policías de Guadalajara suelen arrestar, sobre todo el fin de semana, a poco más de dos mil personas, todas ellas infractoras menores; y no me refiero a menos de edad, que no son menos infractores, sino a autores de delitos leves, como pequeños hurtos, embriaguez en la vía publica, pleitos y enfrentamientos, a los cuales los guardianes del orden arrestan en diferentes barrios y colonias de Guadalajara, y de esos dos mil y pico semanales, una buena parte trae un poco de dinero en el bolsillo, que entrega como estímulo a sus captores para ser liberados sin cargos. En cambio, quienes nada pueden aportar, son llevados a los separos en espera de que alguien pague la multa impuesta o la fianza fijada por su falta; sin embargo, hay algunos que por no tener quién los defienda ni quién los saque libres, acaban en la cárcel y ahí permanecen durante meses y hasta años, en espera de que les dicten una sentencia definitiva.
La Penitenciaría Estatal tiene capacidad para tres mil reos, pero se dice que alberga una población de siete mil, buena parte de los cuales son precisamente infractores de poca monta, quienes, por no contar con los cien, doscientos o quinientos pesos fijados para reparar su falta, no han podido obtener su libertad.
¿Qué es lo que pasa con este sistema de justicia? Pues que, por una parte, la familia de ese tipo de reclusos es la primera perjudicada; son hogares que se quedan sin padre o sin cabeza durante largo tiempo, sin que aquél, que obtenía la manutención pueda ya hacerlo, obligando muchas veces a que la madre tenga qué dedicarse a ganarse la subsistencia propia y de sus hijos, incluso a veces poniendo en entredicho su misma honra; mientras que, por otra parte, aquéllos que ingresaron a estos supuestos centros de rehabilitación, pero que justamente han sido llamados “Escuelas del crimen”, pueden aprender ahí, de los avezados delincuentes, a cometer verdaderos actos criminales o enrolarse a su salida en las grandes organizaciones delictivas.
Otro punto a considerar respecto a este problema es que al Estado en primer término, y en último a todos los contribuyentes, le sale muy caro el mantener a estos presos que requieren vigilancia, servicios y comida, teniendo que erogar millones de pesos durante meses o años, lo cual se ahorraría si hubiera quién pagara el generalmente pequeño monto fijado para su liberación, con lo cual, además, los reclusorios se verían desahogados de su permanente sobrepoblación, que constituye por sí misma otro foco de constantes conflictos.
Se trata, pues, de acciones que responden a una lógica razonable y de sentido común, que yo pienso deberían ser consideradas por las autoridades judiciales, por los diputados o por las personas a las cuales competa esta situación. Incluso, creo que en último caso no podrían faltar organismos o personas de buena voluntad que pudieran aportar esas cantidades para liberar a esos pequeños delincuentes pobres, dándole a la justicia un rostro más comprensivo de las debilidades humanas, más acorde con la lógica, con la situación social y económica de nuestro entorno.
Hago, pues, un llamado a las autoridades para que se verifique si esto que yo he sabido por terceras personas, opera realmente en la realidad del campo de la justicia. Y, de ser cierto, ojalá y buscaran la forma de remediar dicha situación.
Y otra cosa, en lugar de tener a tantos infractores menores atiborrando las cárceles, ¿Por qué mejor no hacer pagar sus delitos con servicios comunitarios, haciendo que por ejemplo, trabajasen barriendo la vía o espacios públicos, reparando caminos o desempeñando cualesquiera otras labores útiles durante un determinado lapso como restitución por sus fechorías cometidas, para luego reintegrarlos a sus hogares? ¿No sería esa una solución más racional?
Espero, pues, que haya eco a esto, que no es una denuncia, sino una consideración sobre uno de los muchos problemas que enfrentamos como Sociedad.

Que Dios los bendiga.

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